Las pequeñas y medianas empresas entran con fuerza en las licitaciones de contratos públicos.
La simplificación del papeleo a presentar cuando se opta a un contrato público, concretamente las últimas reformas de la LCSP y las prácticas que están realizando las administraciones públicas en cuanto a NO solicitar el depósito de garantías provisionales y la admisión de Declaraciones Responsables, ha simplificado la presentación de las propuestas en los contratos públicos y facilitado el acceso a los mismos a las pequeñas y medianas empresas., que ahora tienen que competir en un mercado nuevo para ellas, pero con unas inmensas oportunidades de negocio.
Hace no mucho, el número de empresas que optaban a los grandes concursos públicos podían contarse con los dedos de las manos. Hoy en día, casi ninguna licitación baja de las 10 empresas, en los contratos de obras, este aspecto es aún más acusado, son normales licitaciones en las que se presentan de 20 a 50 empresas.
La Ley de Contratos del Sector Público y las recomendaciones del Gobierno, han ido permitiendo la simplificación del papeleo a preparar, esto parece que está siendo una alfombra roja para la participación de las PYMES en las licitaciones públicas, tanto de obras, como de servicios y suministro. Las pequeñas y medianas empresas ya hablan de tú a tú a las grandes, esto es un hecho indiscutible.
Este verano, el Gobierno introdujo novedades en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estas medidas consistieron básicamente en la supresión de la obligatoriedad de la clasificación de empresas en los contratos públicos de servicios y la eliminación de la norma por la que era necesario que el licitador acreditara su solvencia técnica y económica cuando el valor de los contratos no excediera de 80.000 euros (en contratos de obras) o 35.000 euros (en contratos de servicios).
En los contratos de obras públicas, el incremento del umbral de 350.000 euros a 500.000 euros para la exigencia de clasificación, esta permitiendo que más empresas puedan presentar ofertas en licitaciones de obras públicas, empresas con capacidad y solvencia acreditada, pero que no disponen de clasificación del Estado como contratistas de obras.
Estas medidas comentadas, juntos con otras de hace unos años, están acabando con los obstáculos burocráticos que tradicionalmente constituían una barrera insalvable para las PYMES.
Sinceramente, la situación de la contratación pública no es la que existía antes de la crisis, pero quedándonos con la parte positiva, las cifras reflejan una recuperación con una tendencia de recuperación suave. Gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos, especialmente de las PYMES, la recuperación económica es una realidad que ahora tiene que consolidarse. La previsión es que en no mucho tiempo se llegue a los volúmenes de licitación pública de antes de la crisis.
